En América Latina, la criminalización de las emergencias obstétricas y el aborto perpetúa la violencia de género institucional. Un caso en Argentina, el de Paola Verónica Ortíz, es el reflejo de una problemática estructural que atraviesa toda la región.
Paola pasó casi 14 años en la cárcel. La condenaron a cadena perpetua por la muerte de su hija recién nacida en 2012, pero gracias a un recurso de revisión recobró su libertad. Católicas por el Derecho a Decidir Argentina es la asociación que acompañó legalmente el caso. Al ser una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba —un órgano supremo provincial—, la resolución estableció precedentes para juicios similares en el futuro.
"El sistema penal argentino es particularmente clasista y conservador, y por estas características tiende a criminalizar a ciertos grupos sociales; lo que ocurrió con Paola da cuenta de eso", comentó en entrevista Rocío García Garro, abogada integrante de Católicas Argentina.
Paola tenía tres hijos, no había terminado la secundaria, vivía en una habitación prestada y no tenía trabajo formal. Foto: Especial
En la región, decenas de mujeres —principalmente en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica— enfrentan sentencias desproporcionadas bajo la presunción de culpa en lugar de recibir atención médica, lo que convierte a los sistemas de justicia en herramientas de persecución en lugar de garantía de derechos.
Al momento del "parto en avalancha" —trabajo de parto y nacimiento extremadamente rápido—, Paola tenía tres hijos, no había terminado la escuela secundaria, vivía en una habitación prestada y no tenía un trabajo formal, condiciones que Rocío García describió como "de extrema vulnerabilidad y violencia".
Tres años después, en 2015, "fue condenada a prisión perpetua por lo que se conoce como 'comisión por omisión', por no haber obrado como se esperaba que obrase una buena madre, sin considerar la evidencia que daba cuenta de que ese feto había nacido sin vida, y que ella no podía equipararse con un profesional de la salud para saber cómo gestionar la emergencia", subrayó la abogada.
Mientras Paola estuvo presa, organizaciones feministas argentinas denunciaron que su proceso estuvo "plagado de irregularidades y prejuicios, pues fueron descartadas líneas de investigación para dar cuenta de la muerte fetal en el marco de una situación médica de emergencia que impidió el acceso oportuno a la atención sanitaria".
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina conoció del caso de Paola en 2022 y, en abril de 2024, presentó una estrategia jurídica para exigir que se reconsiderara mediante un recurso de revisión, ante la "situación de absoluta injusticia, ya que ante una emergencia obstétrica, en vez de atenderla médicamente, fue condenada".
Este recurso de revisión permitió reconsiderar el caso aún cuando contaba con una sentencia firme, y se tomó en cuenta una nueva prueba que acredita el desarrollo biológico de un parto en avalancha y el nacimiento sin vida del producto.
Rocío García subrayó que la justicia Argentina tomó en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Manuela y otros vs. El Salvador, que condenó al Estado salvadoreño por la muerte de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica —un parto extrahospitalario seguido de complicaciones— en 2008.
Manuela fue detenida en el hospital, condenada a 30 años de prisión y falleció en la cárcel sin recibir atención médica adecuada.
La sentencia es un referente fundamental en América Latina, pues la Corte Interamericana determinó que los Estados violan los derechos humanos cuando criminalizan a las mujeres por emergencias obstétricas, estableciendo la obligación imperativa de juzgar con perspectiva de género, así como frenar los estereotipos y prejuicios en los sistemas de justicia.
Queda pendiente la reparación del daño que sufrió Paola. Foto: Especial
La abogada lamentó que "nadie le va a quitar a Paola los casi 14 años que estuvo privada de la libertad, pero su sentencia será parteaguas en cómo se va a analizar a futuro otros casos de estas características". Ya en libertad, la mujer "está super contenta y recuperando su vida".
En diciembre de 2020, el Congreso de Argentina aprobó una reforma que reconoció el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir la interrupción de su embarazo de forma voluntaria hasta la semana 14 del proceso gestacional. Aunque la Ley 27.610 reguló principalmente la interrupción voluntaria del embarazo, su implementación y los debates que la rodearon se conectan con las emergencias obstétricas por el reforzamiento del secreto médico y la prohibición de que el personal de salud denuncie penalmente a pacientes que llegan a los hospitales con complicaciones por abortos espontáneos, pérdidas o partos fortuitos.
Sin embargo, la criminalización por aborto y eventos obstétricos siguió. Desde 2020 hasta 2025, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito informó que al menos 22 mujeres fueron denunciadas por estos hechos, de las cuales siete estaban a la espera de juicio, ocho fueron condenadas y lograron la libertad de otras siete.
Para la abogada, "sin duda queda mucho por hacer, porque queda pendiente la reparación del daño que sufrió Paola y que no se entró a analizar el fondo del caso, pero sí es interesante que el máximo órgano judicial de una provincia diga que cometieron un error y no aplicaron la perspectiva de género, porque establece lineamientos para los tribunales inferiores sobre cómo juzgar casos similares y también a repensar condenas que se estén cumpliendo".
En cuanto a la situación actual, la abogada advirtió que Argentina atraviesa "un contexto extremadamente regresivo en materia de derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente en políticas públicas", lo cual genera una gran preocupación sobre el acompañamiento estatal que requiere Paola para "nuevamente desenvolverse en el marco de una sociedad libre, reaprender a vivir… y no sólo Paola, sino todas las mujeres y diversidades que requieren de la presencia de un Estado que garantice derechos".
García Garro señaló que desde la asunción del actual gobierno a finales de 2023, Argentina ha tenido "un recorte presupuestario en el desarrollo de políticas públicas, y ni qué decir específicamente de aquellas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, lo que también tiene un fuerte impacto a nivel simbólico".
A esto se suma "una campaña constante de erosión de ciertos pactos y acuerdos sociales a los que habíamos llegado en materia de derechos sexuales y reproductivos, y una deslegitimación constante", con discursos oficiales desde las altas esferas del poder que tachan al feminismo de enemigo y recurren a posturas de extrema derecha.
Esta "batalla simbólica" se traduce concretamente en "el desmantelamiento de servicios de salud específicos en materia de derechos sexuales y reproductivos", tales como la dirección de salud sexual y procreación responsable, el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), y recortes generales en la provisión gratuita de medicamentos e insumos médicos. Para las organizaciones de la sociedad civil, este escenario adverso exige "redoblar la apuesta y con más fuerza que nunca", impulsando estrategias de litigio y exigiendo la presencia de un Estado que garantice derechos frente a un clima social catalogado como crítico y de mucha angustia.